Declaración de Brasilia, 2018

2018-12-09T17:47:38+00:00 20 de abril de 2018|Documentos, Resoluciones de Asambleas|

La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS (FLAM), reunida en Asamblea General Ordinaria en Brasilia, Brasil, el 18 de abril de 2018, en conocimiento de la situación del Poder Judicial de sus países miembros, en cumplimiento de los principios que rigen nuestra organización, y en atención a que:

i. Es La misión de nuestro órgano, procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional, y defender la dignidad y el prestigio del Poder Judicial, como garantía de un verdadero contrapeso de los Poderes, y del mantenimiento del Estado democrático de Derecho;

ii. Las acciones de los Estados y los particulares que amenazan o afectan los principios de independencia e imparcialidad que deben regir todos nuestros actos, y que en consecuencia atentan contra el ejercicio de la función judicial, son capaces de quebrantar la debida seguridad jurídica adeudada a todos los ciudadanos y ciudadanas, y poner en riesgo el diáfano funcionamiento de los Estados;

iii. La independencia judicial, constituye un pilar imprescindible para la consecución de un verdadero Estado democrático de Derecho; recayendo sobre jueces y juezas, la responsabilidad de ejercer la función de juzgar apegados únicamente a la justicia, el derecho, los principios y valores, para lo cual debe proveérsele la garantía y seguridad de que en ocasión de sus fallos, no enfrentará consecuencias arbitrarias, desprovistas de amparo legal y justificación.

iv. Por lo expuesto por nuestros miembros, en ocasión de presentar la situación actual de los Poderes Judiciales de sus respectivos países, existen en la región situaciones similares y comunes, que en uno u otro sentido, vulneran la anhelada independencia judicial, e impiden el ejercicio diáfano y soberano de juzgar sin mayores ataduras que el derecho, los principios y los valores; tornándose imperioso requerir a las autoridades de los  países  miembros  de  esta  Federación,  el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas para asegurar el referido principio rector, así como el establecimiento o instauración de políticas, normas y reglamentos que afirmen y aseguren la merecida independencia  judicial;  haciendo  cesar  del  mismo  modo,  las actuaciones que por acción u omisión puedan conculcar este principio.

v. Como parte de las denuncias presentadas, y que afectan nuestra labor, se destacan:

a. Falta de recursos  humanos  y  materiales  para  ejercer correctamente la función, evidenciándose que los jueces y juezas enfrentan en ocasiones, índices de población superiores a los factibles para un adecuado rendimiento; así como la provisión insuficiente de fondos, provocando mora judicial, como fuera invocado por Colombia y República Dominicana, en el último de los casos, ante el incumplimiento de los Poderes Legislativos y Ejecutivos,  de  la  norma  que  confiere  un  porcentaje  del presupuesto al Poder Judicial; y en algunos casos, como lo reclamado por Paraguay, se torna imperativo la reforma salarial en el ámbito de la judicatura, a los fines de ajustar la misma a la realidad económica del país, garantizando un salario digno, el que igualmente debe ajustarse a los principios de igualdad, como reclamara  Perú  para  la  situación existente  entre  jueces provisionales y jueces titulares; así como también la homologación de las remuneraciones de todos los magistrados.

b. Del mismo modo, como expusiera Uruguay es necesario establecer la independencia presupuestaria del Poder Judicial, como garantía de independencia funcional.

c. Ausencia de normas que garanticen la inamovilidad, garantía primordial de la Independencia Judicial, y de un adecuado método de evaluación del desempeño, basado en transparencia, méritos y competencias; reclamándose en países como Paraguay, la necesidad de la reforma judicial para la implementación efectiva de la Carrera Judicial;

d. Remoción de jueces sin ningún amparo legal, desconociéndose los más mínimos estándares de derecho, como el caso denunciado por Bolivia, quienes informaron del cese en las funciones de un gran número de jueces y juezas, inobservándose los derechos de éstos, lo que constituye además, una amenaza implícita para los que permanecen en la función.

e. Existencia de modelos monárquicos, que confieren a la Corte Suprema las facultades del gobierno de los jueces, sin reglas que aseguren diafanidad; tales como ocurre en Chile; así como métodos de designación que se alejan de los principios que componen la Carrera Judicial, y que en consecuencia la promueven.

f. Acciones tendentes a modificar las normas legales existentes relativas al Fondo de Pensiones, en detrimento de los jueces y juezas, violando el principio de progresividad de los derechos, y afectando el retiro de estos; situaciones esgrimidas por Costa Rica, Puerto Rico, y Uruguay, quienes han emprendido luchas con el fin de evitar las mismas; y en otros casos, inexistencia de regímenes de pensión que garanticen el retiro digno del juez, una vez haya cumplido con el tiempo de servicio en la noble función de juzgar.

g. Amenazas de reducción de derechos consagrados de forma normativa, por presiones de otros sectores, o alegados déficits.

h. Traslados inconsultos o arbitrarios, realizados en violación a las leyes y los principios que rigen la Carrera Judicial, en muchos casos en ocasión de sus decisiones, creando inseguridad en los operadores, al ser removidos a ciudades distantes y a especialidades distintas a su formación, solo por el contenido de sus decisiones o acciones en pro del colectivo; situaciones denunciadas por El Salvador, y la República Dominicana;

i. Selección de jueces de las altas Cortes alejadas de los criterios que sustentan la Carrera Judicial, relativos al mérito, permanencia en la función, capacitación y desempeño demostrado; situación expuesta por Panamá.

j. Intromisión de los medios masivos de prensa en la labor judicial, en ocasiones promovidos por la injerencia que pretende ejercer el ministerio público, lo que si bien es un derecho de comunicación de la población, no puede servir de justificación a la apertura de investigaciones o actuaciones cautelares, como la suspensión de jueces a los fines de ser procesados penal y disciplinariamente; situación que han denunciado El Salvador, Paraguay y República Dominicana.

vi. Por las razones dadas, y ante la necesidad de asegurar un Estado democrático de derecho, en el que el Poder Judicial ejerza de forma independiente la función de juzgar, atado a la norma, y en contrapeso de los poderes, nos dirigimos a los gobiernos, Cortes Supremas y Órganos de Gobierno Judiciales de los países miembros de la FLAM, en lo que compete:

PRIMERO: Exhortar al Poder Ejecutivo de Chile enviar al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional y legal que asegure la Independencia de la magistratura en la línea de la propuesta hecha por la Asociación de Magistrados de Chile.

SEGUNDO: Exhortar a las autoridades colombianas para que se suministren los recursos necesarios y suficientes a la Rama Judicial, para que pueda prestar el servicio de justicia en la forma como lo prevé la Constitución Política, eficaz y prontamente.

TERCERO: Instar a las autoridades legislativas de Paraguay emprender una reforma judicial para la implementación efectiva de la Carrera Judicial, y reforma salarial en el ámbito de la judicatura, y a las autoridades judiciales, el rechazo de la intromisión de los medios masivos de prensa en la labor judicial.

CUARTO: Exhortar a las autoridades competentes del Gobierno Peruano, proceder a la homologación de los haberes de los Magistrados de otras instancias con la de los Magistrados Supremos Titulares, en los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú.

QUINTO: Instar al Consejo del Poder Judicial Dominicano: a) Elaborar  y publicar el escalafón judicial para promociones de jueces y juezas, dispuesto por la Ley Orgánica 28-11, en base a los principios de objetividad, igualdad, méritos, capacidad, eficiencia, responsabilidad, profesionalidad, constante capacitación, inamovilidad, permanencia, especialización, transparencia y publicidad, b) Observar las disposiciones relativas al régimen disciplinario, reglamentando el procedimiento, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial,  en  apego  al  debido  proceso  exigido  por  la  Constitución Dominicana, y c) Cesar los traslados inconsultos y sin solicitud de los jueces de la República Dominicana, así como las suspensiones sin disfrute salarial.

SEXTO: Exhortar al presidente de la República de Colombia, que resulte electo en el periodo 2018-2022, para que la reforma a la justicia que realice se haga para el beneficio de la población colombiana, y con la participación de magistrados jueces y empleados, así como de los demás actores de la justicia.

SÉPTIMO: Exhortar a las altas autoridades de la República de Panamá, implementar el desarrollo de la Carrera Judicial aprobada mediante Ley Núm. 53, de fecha 27 de agosto de 2015, a fin de que los puntos que faltan se cumplan en su totalidad.

OCTAVO: Exhortar a la Junta de Control Fiscal creada bajo la Ley Promesa, del Congreso de los Estados Unidos, que se abstenga de interferir con la independencia de los jueces en Puerto Rico y respete la separación de poderes que consagra la Constitución de la isla.

NOVENO: Instar al Fiscal General de la República de El Salvador, para que cesen los pronunciamientos públicos, en contra de los jueces y Magistrados, en ocasión de sus fallos, debiéndose agotar las vías recursivas.

DÉCIMO: Exhortar a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial de los países miembros de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, cumplir fielmente con las normas que aseguren el cumplimiento efectivo del principio de Independencia Judicial,

DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS

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